Antauro Humala
inició su campaña política amparado a la minería ilegal y, en consecuencia, a
otras mafias ligadas a la violencia, el sicariato, el contrabando y la trata de
personas. ¿Esta es la clase políticos que se merecen los peruanos?
Mientras el
Estado peruano solo invierte 50 céntimos del presupuesto de orden público y
seguridad (S/79 millones) para combatir la minería ilegal en el interior del
país, el sentenciado por el asesinato de cuatro policías en el Andahuaylazo,
Antauro Humala, aprovecharía esta débil lucha para apoyar a estas mafias y
financiar su carrera política hacia la presidencia en las elecciones del 2026.
“Yo apuesto por
la minería que ahora se denomina ilegal, informal o artesanal, que involucra al
empresariado minero nacional”, admitió el cabecilla etnocacerista y, en otro
momento, aseguró que la extracción ilegal de minerales, como el oro, contribuye
con la recaudación fiscal anual y mejora la vida de las personas que practican
estas actividades. Sin embargo, estas son mentiras que usó para contar con el
apoyo de los recursos provenientes de la minería ilegal, pues no existe
registro del pago de tributos por la comercialización de minerales por canales
irregulares.
Las cifras son
impactantes. Entre 2005 y 2023, la producción y exportación informal de este
metal se elevara 7 veces. Así, en 2023, Perú exportó 77 toneladas de oro
ilegal, lo que equivale a un 44% de las exportaciones totales de este mineral.
Estas actividades ilegales no solo atentan contra la recaudación tributaria,
sino que también depredan áreas de la selva peruana y provocan que decenas de
familias se enfermen por la contaminación del mercurio.
En 2023, según un
informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 40% de emisiones de
mercurio provienen de estas prácticas y son responsables de contaminar
alimentos y agua. Asimismo, durante los últimos cinco años, se perdieron 120
mil hectáreas en la región latinoamericana a causa de la minería ilegal.
Tampoco es verdad
que la ilegalidad mejore la calidad de vida de las personas, pues expertos
evidenciaron que esta mafia está ligada a la violencia, el sicariato, la trata
de personas, el terrorismo, el contrabando y el narcotráfico. Un ejemplo de
ello fueron los fatales ataques de mineros informales a la Minera Poderosa en
Pataz, La Libertad.
La narrativa que
defiende Antauro Humala también reivindica la violencia como mecanismo de
control del orden público. Recordemos que, en 2023, declaró en Tumbe que “hay
que fusilar a expresidentes para que se recomponga nuestra sociedad. (…) Está
meditado y analizado. Es una necesidad urgente”. Asimismo, admitió que “intentó
varias veces tomar el poder vía las armas”.
Este tipo de
comentarios solo acentúa la crisis de inseguridad ciudadana. De acuerdo al
último informe del INEI, el 22.9% de la población aseguró ser víctima de algún
tipo de delito, siendo las regiones de Puno (29,7%), Cusco (28,6%), Tacna
(27,4%), Lima Metropolitana (26,7%), Junín (26,6%) las más inseguras a nivel
nacional.
¿Los peruanos
realmente merecen candidatos políticos que incitan el terror y la comisión de
delitos? Según la última encuenta de IPSOS, a mayo 2024, el 97% de
peruanos opina que las personas que
cumplieron sentencia por asesinato, corrupción o terrorismo, y ya salieron de
la cárcel, no tienen derecho a postular a la Presidencia. Impedir que
personajes de este calibre lleguen al poder está en manos del Congreso, donde
espera un proyecto de ley para impedir
que exconvictos o sentenciados por delitos dolosos como homicidio, terrorismo o
narcotráfico puedan acceder a un cargo público de libre representación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario