Ley Soto de Telecomunicaciones: por estas razones atenta contra la libertad de contenido e inversión

 

El cuestionado presidente del Congreso busca por medio de una ley obligar a las operadoras de televisión paga a incorporar canales de señal abierta a su parrilla. A pesar que no se analizó los informes técnicos de diversas entidades, el Congreso podría aprobar la ley que atentaría contra principios constitucionales. En su pasado cercano, Soto tuvo una estrecha relación con un canal del Cusco, donde incluso se entrevistó a sí mismo durante la campaña electoral 2021.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú (Osiptel) informó que hasta mayo de 2023 existen más de 1,85 millones peruanos que decidieron invertir su dinero mensualmente en disfrutar de un servicio de televisión privado, con programas diferentes al de la señal abierta. Sin embargo, esta situación puede cambiar de manera negativa, pues el presidente del Congreso, Alejandro Soto, logró que se aprobara en primera votación su proyecto de ley que obliga a las operadoras de televisión paga a incorporar canales de señal abierta a su parrilla.

 

Es decir, que los canales de señal abierta regional, local o nacional podrían obligar a las compañías de televisión paga a que les den un espacio obligatorio e incluir sus programas en su señal privada, aunque estos no sean de intereses del consumidor. La iniciativa a todas luces atenta contra la inversión privada, viola la libertad de contenidos, fomenta la competencia desleal y, peor aún, ni siquiera fue analizada como corresponde en la Comisión de Transporte del Congreso, dado que fue exonerada de su aprobación en dicho grupo de trabajo gracias a un acuerdo en la Junta de Portavoces.

 

Según el argumento del proyecto de ley, lo que se buscaría es darle voz a los canales regionales, pero estas mismas ya tienen señal abierta y gratis. Además, a la irregular manera que tuvo el proyecto de abrirse camino, se suman al menos seis análisis que Soto no tuvo en cuenta y que evidencian lo nocivo de la iniciativa. A pesar de todo ello, la iniciativa fue aprobada en primera votación por el Congreso y se sometería a segunda votación en los próximos días.

 

La exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, criticó el proyecto, pues “tiene problemas de infracciones constitucionales, técnicos y económicos” y además porque “viola la libertad de contenidos”. “Se precisa los parámetros de un contenido determinado en ciertas localidades cuando eso es un derecho que el usuario tiene para elegir si quiere televisión abierta o televisión por cable. Con esto, lo que el Congreso dice es ‘yo decido por ti lo que tienes que ver’”, agregó.

 

Un dato que no es menor es que Soto fue conocido durante la campaña electoral del 2021 por tener relaciones laborales con la Compañía de Televisión Cusqueña (CTC), donde incluso logró transmitir una entrevista a sí mismo. Además, cuando Soto ya ejercía el cargo de congresista, se conoció que, en 2021, llevó al gerente general de CTC, Miguel Alencastre Pérez, como asesor de su propio despacho.

 

Ante esta situación es necesario saber que, como en cualquier mercado y democracia, se puede promover la producción televisiva y radial en regiones mediante la inversión, quitando barreras, cobrando menos impuestos, eliminando regulaciones que no ayudan a mejorar, pero no afectando las decisiones de una empresa que invirtió en un canal de cable o de señal pagada. Menos aún afectando la libertad que tiene un peruano en decidir qué contenido mirar o no.