Tesorero, 13 docentes y 11 personas sin vínculo laboral ni contractual fueron beneficiados
En el marco del Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General detectó pagos indebidos en beneficio del tesorero, 13 docentes y 11 personas sin vínculo laboral ni contractual con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Santiago de Chuco, los cuales ocasionaron un perjuicio económico a la entidad por casi dos millones de soles. Once funcionarios y servidores tienen presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos.
Según el Informe
de Auditoría de Cumplimiento Nº 009-2021-2-0726-AC, dicha situación ocurrió
porque el Módulo de Control de Pago de Planillas (MCPP) del Sistema Integrado
de Administración Financiera (SIAF) no fue actualizado por el profesional a
cargo, de enero de 2009 a diciembre de 2019; y, además, se simularon pagos de
planillas de remuneraciones y descuentos judiciales por alimentos a
beneficiarios que no correspondían, sin sustento técnico y legal respecto a los
pagos efectuados.
De una muestra de 27 personas con el estado de
beneficiario de descuento judicial por alimentos se determinó que solo dos sí
tenían dicha condición; más no el tesorero, 13 docentes y 11 personas sin
vínculo laboral ni contractual con la UGEL Santiago de Chuco, por lo que el
monto total de estos pagos indebidos (sin sustento en la Planilla Única de
Pagos y de los cuales no existía la obligación de pago) asciende a S/ 1 879
002.
La Comisión Auditora encontró responsabilidad en
quienes asumieron los cargos de director de la UGEL, jefes del área de
Administración (uno de los cuales fue designado y acreditado ante el MEF para
el manejo de las cuentas bancarias), tesorero I, contador I, especialista administrativo
I, especialista de abastecimiento, operador Procesamiento Automático de Datos (PAD)
I, secretaria I y técnico de infraestructura del Área de Gestión Institucional
(AGI).
En total, son 11 los funcionarios y servidores
públicos comprendidos en estos hechos; ocho de ellos con responsabilidad penal
y siete con responsabilidad administrativa, por lo que se recomienda que el
procurador público de la Contraloría General inicie las acciones legales
penales, y que el titular de la entidad disponga el inicio de las acciones
administrativas para el deslinde de responsabilidades.
Los
ciudadanos pueden acceder a los resultados de este informe y
de otros servicios, a través de nuestro Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria
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